Nuestro Petróleo no es Botín

Venezuela necesita capital para levantar su industria petrolera. Pero el pacto firmado con Washington, tal como se conoce hasta hoy, entrega demasiado, garantiza muy poco y compromete a varias generaciones sin pasar por los controles que exige la ley.

Digámoslo primero, para que no haya malentendidos: ningún economista serio se opone a que entre inversión al petróleo venezolano. El país produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que extraía a finales de los noventa, y sin dinero fresco esa cifra no se mueve. La discusión no es si abrir el sector. Es cómo, con quién y a cambio de qué.

El acuerdo anunciado el 28 de agosto por los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez entrega 17 campos, con reservas estimadas en unos 64.000 a 65.000 millones de barriles, a una sola empresa: North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por Alejandro Betancourt. Lo que se ha conocido en las últimas semanas, por el documento confidencial que reveló ProPublica y por las entrevistas de Reuters en los campos, obliga a hacer al menos siete críticas.

1. A precio de gallina flaca

Estados Unidos tiene derecho a comprar el 20 % de la producción de NABEP a un precio preferencial: 30 dólares por barril según el documento revelado, o “al costo” según la empresa. Es menos de un tercio de lo que se ha pagado por el crudo en los últimos meses, y ese precio ni siquiera incluye el diluyente que hay que mezclar con el crudo pesado para transportarlo. Cada barril de ese cupo es renta petrolera que deja de recibir la nación. Y el primer cargamento, un millón de barriles, llegó a Texas sin costo alguno para Washington. Un país que necesita divisas no puede empezar regalando su principal producto.

2. Promesas fiscales sin respaldo en el papel

Caracas y la Casa Blanca hablan de más de 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos para Venezuela. El documento firmado no recoge esa cifra como obligación de nadie. Un economista evalúa contratos, no conferencias de prensa: si la regalía, la tasa impositiva y el calendario de pagos no están escritos, no existen.

3. Plazos y reservas infladas

La Ley Orgánica de Hidrocarburos, reformada en enero de este año, fija para las empresas mixtas un plazo máximo de 25 años, prorrogable por 15 más. La Casa Blanca, sin embargo, habla de concesiones de 100 años, mientras la propia Delcy Rodríguez describió un proyecto de 25. Ni siquiera las partes coinciden en cuánto dura lo que firmaron. Si son 100 años, el acuerdo nace con un vicio legal que cualquier gobierno futuro podrá impugnar. Además, Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, estima que en 25 años solo podrían desarrollarse de forma realista unos 10.000 millones de barriles, no 65.000. Vender el pacto por el tamaño de las reservas es confundir inventario con flujo de caja.

4. Y Venezuela se queda fuera

La empresa tendrá una junta de siete miembros con mayoría permanente de ciudadanos estadounidenses, un mandato inicial de 15 años y la potestad de elegir a sus propios sucesores. Remover al director ejecutivo exige cinco votos. El Estado venezolano, dueño del recurso, no tiene asiento garantizado. Las disputas se ventilan ante un tribunal federal en Texas, y la participación estadounidense del 35 % pasa por una sociedad en Barbados cuyos beneficiarios finales no están plenamente identificados. Es difícil hablar de soberanía cuando no se sabe quién está sentado a la mesa.

5. Todos los huevos en una cesta

NABEP producía unos 224.000 barriles diarios a mediados de octubre y promete superar el millón. Para lograrlo debe desarrollar 17 campos a la vez, seis de ellos vírgenes y sin infraestructura. Trabajadores y contratistas han reportado pagos pendientes y dificultades para contratar personal, y un análisis satelital no encontró taladros en siete de los 17 campos. Los expertos consultados por Reuters coinciden en que una tarea así pondría a prueba incluso a Chevron o a ExxonMobil. La propia empresa ha tenido problemas para abrir cuentas bancarias. Entregar el futuro de la producción a un solo operador, sin licitación y sin competencia, concentra un riesgo que debería repartirse.

6. Un monocomprador, no un socio

Además del 20 % a precio preferencial, Washington tendrá prioridad para comprar el resto de la producción durante 50 años, trato de nación más favorecida y la facultad de quedarse con todo el crudo si declara una emergencia nacional. Eso convierte a Venezuela en proveedor cautivo de un solo cliente. Un país sin libertad para elegir a sus compradores pierde poder de negociación y competitividad en los mercados internacionales.

7. Los cables pelados del contrato

El problema de fondo no es solo que los términos sean malos. A juicio de quien escribe, el acuerdo nació viciado de nulidad absoluta, por dos razones: no se cumplieron las formalidades que exige la ley y las partes no tienen la cualidad necesaria para obligar a sus naciones. Veamos.

    • Formalidades incumplidas
      • La Constitución exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos de interés público nacional con Estados extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela (artículos 150 y 187, numeral 9). Este involucra al gobierno de Estados Unidos y a una matriz constituida en Barbados, y no pasó por la Asamblea.
      • La Ley de Hidrocarburos permite, como máximo, 40 años (25 más una prórroga de 15). Concesiones de 100 años más que duplican ese límite.
      • El artículo 151 incorpora en estos contratos, aunque no esté escrita y salvo que su naturaleza lo haga improcedente, la cláusula según la cual las controversias las deciden los tribunales venezolanos. Someterlas a un tribunal de Texas la contradice.

        • Los yacimientos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles (artículo 12). Darle a un tercero el derecho de reclamar toda la producción en caso de emergencia equivale, en la práctica, a disponer de ellos.

    • Partes sin la cualidad requerida
      • Por el lado venezolano firmó un gobierno interino de legitimidad cuestionada, sin mandato para comprometer a la nación.NABEP, con una matriz en Barbados y beneficiarios finales no identificados, no acredita la capacidad técnica ni financiera para operar 17 campos, ni la transparencia exigible a quien contrata con el Estado.

        • En Washington, varios senadores cuestionan que la oficina del Pentágono que firmó tenga autoridad legal para ser accionista de una empresa extranjera.

Un acto nulo de nulidad absoluta no se convalida con el tiempo ni con su ejecución. Por eso, lo que procede es:

    • Que la Asamblea Nacional exija desde ya la copia íntegra del contrato, sus anexos y la lista de beneficiarios finales, y abra una investigación.

    • Que un gobierno legítimo solicite al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de nulidad del acuerdo y de las concesiones derivadas.

    • Que se auditen las inversiones efectivamente realizadas y se reconozcan, a valor verificado, las hechas de buena fe, para no castigar a los contratistas ni ahuyentar al inversionista serio.

    • Que los campos se relancen en licitaciones públicas y competitivas, con varios operadores, regalías e impuestos escritos, precios de mercado, plazos legales y aprobación de la Asamblea Nacional.

¿Y usted cómo la ve?

Durante cien años, el petróleo venezolano se ha repartido en despachos cerrados. Cada generación escuchó la misma promesa: esta vez sí, esta vez la riqueza llegará a la gente. Y cada generación pagó la factura. La pagó el maestro que se fue a Bogotá, el ingeniero de PDVSA que hoy maneja un Uber en Doral, y la abuela que conoce a sus nietos solo por videollamada.

Por eso este acuerdo duele. No porque traiga inversión, que el país la necesita con urgencia, sino porque repite el vicio que nos arruinó: decidir a puerta cerrada, sin licitación, sin la Asamblea y sin que el verdadero dueño del recurso tenga voz. Y ese dueño no es un gobierno interino ni una empresa en Barbados. Es usted.

Y si usted mira hoy a Venezuela como destino de su capital, lea esta señal con cuidado. Un mercado donde los activos más valiosos se asignan a dedo, a un operador escogido por afinidad política y con términos secretos, no es un mercado abierto. Es el mismo modelo de siempre con otro socio. Y si usted es venezolano, esté donde esté, no lo olvide: ese petróleo no es del gobierno de turno ni del socio de turno. Es suyo, de sus hijos y de los hijos de sus hijos.

El día en que cualquier empresa —venezolana o extranjera— compita en igualdad de condiciones bajo reglas transparentes, contratos públicos firmes y tribunales confiables, Venezuela dejará de pertenecer a los botines del poder para volver a ser, por fin, nuestra.

Lea y Comparta:

Publicaciones Relacionadas