En apenas diez días cambiaron las dos orillas de la relación. En Caracas, María Corina Machado regresó al país el domingo 25 de octubre, y Washington hizo pública, por primera vez con plazos concretos, su hoja de ruta hacia unas elecciones presidenciales. En Washington, el martes 3 de noviembre los electores estadounidenses entregaron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, con la mayoría más amplia en la Cámara de Representantes en casi dos décadas.
Escribo desde tres miradas que en mí son inseparables: la del economista, la de quien mide todo proceso político por su capacidad de devolverle la voz al ciudadano, y la del venezolano que hizo de los Estados Unidos su segunda patria. Desde cualquiera de las tres, la pregunta del título no es retórica. Es la que hoy se hacen el inversionista que evalúa entrar a Venezuela, el venezolano de la diáspora que sigue pendiente de su estatus migratorio y el ciudadano que en Caracas, Maracaibo o Barquisimeto espera algo más que estabilidad.
Lo que ya cambió
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, la relación bilateral pasó de la ruptura total a una cooperación intensa en menos de un año. En marzo se restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares; a finales de abril volvieron los vuelos comerciales directos, por primera vez desde 2019. Entre enero y agosto, las exportaciones de petróleo y derivados hacia Estados Unidos crecieron 236 %, hasta unos 127,5 millones de barriles, y Venezuela se consolidó como el segundo proveedor de crudo del mercado estadounidense.
En septiembre se anunció el acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP): derechos por cien años sobre 17 campos con reservas probadas de unos 65.000 millones de barriles, una participación del 35 % para el Pentágono y el derecho de Estados Unidos a comprar el 20 % de la producción al costo. A ello se suman la negociación de un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA) que podría abrir la puerta a una presencia militar estadounidense de largo plazo, nuevos despachos de aluminio de Venalum y la anunciada visita de delegaciones de la Corporación Financiera Internacional y de Bank of America para evaluar el clima de inversión y la deuda. No todo ha sido luna de miel: este año Washington también impuso un arancel de 12,5 % a productos venezolanos.
Hay un rasgo común en toda esta arquitectura: se construyó desde el Poder Ejecutivo. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Tesoro y el Pentágono diseñaron la política. El Congreso, controlado por el mismo partido del presidente, fue más espectador que protagonista.
Lo que cambia en enero
A partir de enero de 2027 eso termina. Un Congreso con mayorías demócratas presidirá los comités, convocará audiencias, podrá citar a funcionarios y, sobre todo, controlará el presupuesto. Es previsible que mire con lupa los términos del acuerdo petrolero, cualquier compromiso militar de largo plazo, la política migratoria hacia los venezolanos y el ritmo real de la transición.
No será un capricho partidista. La propia María Corina Machado, al regresar, advirtió que el acuerdo petrolero no tiene el nivel de transparencia que la sociedad venezolana espera. Y el clima político estadounidense, después de una elección que muchos leyeron como un rechazo a la guerra con Irán y al alto costo de la vida, será menos receptivo a compromisos militares en el exterior sin control legislativo.
Sería un error, sin embargo, leer el resultado como un abandono de Venezuela. La causa democrática venezolana ha tenido defensores en ambos partidos durante dos décadas. El verdadero riesgo es otro: que Venezuela se convierta en munición de la pelea doméstica entre el Congreso y la Casa Blanca. Si eso ocurre, perdemos todos.
La mirada del economista
El capital no huye del riesgo; huye de la incertidumbre sobre las reglas. Y hoy la principal fuente de incertidumbre no es el petróleo ni el tipo de cambio, sino la legitimidad de quien firma.
Un contrato suscrito por un gobierno interino de origen no electoral lleva implícito un descuento. Mientras más ambicioso y prolongado sea —y cien años es mucho tiempo—, mayor es la probabilidad de que un futuro gobierno constitucional, una Asamblea Nacional electa o ahora un Congreso estadounidense lo revisen. Por eso tengo la convicción de que buena parte de lo que hoy se decide en Caracas será reexaminado cuando Venezuela tenga autoridades legítimas.
Aquí está la paradoja que conviene entender: la transparencia y el control legislativo, que a primera vista parecen obstáculos, son precisamente lo que convierte una concesión en un activo financiable. Un contrato que sobrevive a una audiencia en Washington y a un debate en un parlamento venezolano electo vale más, no menos.
Para usted como inversionista, la conclusión práctica es clara: Venezuela sí es una oportunidad, pero conviene mirar primero los sectores cuyo valor nace de la demanda de los consumidores y de la propia recuperación —turismo, agroindustria, comercio, servicios, manufactura liviana, bienes raíces— y no de una firma en Miraflores. Escalonar la inversión, exigir cláusulas de arbitraje internacional, hacer una debida diligencia rigurosa y asociarse con operadores con historial verificable no es timidez: es buena economía.
La mirada de la democracia
El plan de Washington tiene tres fases: estabilización; recuperación económica y reconciliación política; y transición democrática. La democracia, notará usted, va de última.
La hoja de ruta presentada el 26 de octubre establece la secuencia: un nuevo Tribunal Supremo de Justicia hacia mediados de diciembre, luego un nuevo Consejo Nacional Electoral de carácter técnico y, solo entonces, la declaración de falta absoluta de la Presidencia por parte de Delcy Rodríguez, lo que abriría un plazo constitucional de seis meses para votar. Siendo realistas, eso nos lleva a la segunda mitad de 2027. El secretario Rubio lo dijo sin rodeos: no hay que ir demasiado rápido.
La lógica se entiende. El mismo CNE que proclamó a Maduro en 2024 no puede organizar las elecciones de la libertad. Pero cada paso de esa secuencia depende de la voluntad de quien debe entregar el poder, y la hoja de ruta todavía no es un calendario formalmente aceptado por las autoridades venezolanas. Una estabilidad sin fecha de vencimiento termina llamándose de otra manera.
Por eso el nuevo Congreso puede ser un aliado inesperado: puede convertir el calendario electoral en una condición, y no en un deseo; puede exigir la liberación de todos los presos políticos; y puede recordar que la prosperidad sin libertad no es lo que los venezolanos hemos esperado durante veinticinco años.
La mirada del venezolano-americano
La diáspora vive esta coyuntura con un pie en cada orilla. Miles de compatriotas siguen pendientes del TPS, cuyo restablecimiento ordenado por los tribunales podría entrar en vigor justamente hoy, salvo que la Corte Suprema intervenga de nuevo. La política migratoria será, sin duda, uno de los primeros frentes del nuevo Congreso.
Los venezolanos en Estados Unidos votamos por ambos partidos, y esa diversidad es una fortaleza. Nuestra tarea es usarla para que Venezuela quede fuera de la trinchera partidista: hablar con republicanos y con demócratas con la misma convicción. Y, a la vez, ser puente: la diáspora reúne capital, conocimiento empresarial y redes que ningún acuerdo intergubernamental puede sustituir.
Entonces, ¿y ahora qué?
Propongo cinco tareas concretas:
- A Washington, en sus dos poderes: un entendimiento bipartidista sobre Venezuela que ate la profundización económica al cumplimiento del calendario electoral, y que haga públicos los términos de los grandes contratos.
- Al gobierno interino: cumplir las fechas —nuevo TSJ en diciembre, nuevo CNE, declaración de falta absoluta— y liberar a todos los presos políticos sin condiciones.
- Al liderazgo democrático venezolano: mantener la unidad y tender puentes con la nueva mayoría del Congreso norteamericano con la misma intensidad con que se ha trabajado con el Ejecutivo.
- A los inversionistas: entrar, sí, pero con los ojos abiertos: sectores ligados a la recuperación real, inversión escalonada y estructuras que resistan una revisión futura.
- A la diáspora: ser el puente, no la trinchera.
Venezuela no necesita un tutor; necesita un socio. Y la relación más estable que puede existir entre dos países no es la de una superpotencia con un gobierno interino, sino la de dos democracias. Si los venezolanos, en ambas orillas, hacemos bien la tarea, 2027 puede ser el año en que esa relación fructifique.
Alfredo González es economista y corredor de negocios en Florida.

