Es un secreto a voces que Venezuela carece de un plan de recuperación real. Parece ser que lo que realmente tiene montado, emulando la célebre canción de La Lupe, es «puro teatro». El régimen reparte roles procurando que el torturador de ayer sea el ministro de hoy, y que el tenebroso fiscal se erija en «Defensor del Pueblo». Nada ha cambiado en el fondo porque ninguno de los actores con poder real, dentro o fuera del país, parece desear que el escenario se transforme.
Como economista, entiendo que cualquier plan de recuperación serio debe partir del diagnóstico de las causas de la destrucción. La respuesta no reside únicamente en la corrupción desenfrenada, sino, fundamentalmente, en la eliminación sistemática de los derechos individuales. Sin libertades fundamentales, es técnica y humanamente imposible reconstruir una nación.
Aunque se vislumbra cierta luz al final del túnel con el ocaso político de Maduro, el problema urgente reside en que los intereses de Washington y los de Venezuela no están plenamente alineados. Figuras como Trump o Marco Rubio no parecen favorecer la reinstitucionalización del país, pues operan con mayor comodidad junto a un dócil capataz local que como lo harían frente a un presidente electo en comicios libres.
Lo cierto es que, a estas alturas, no se ha abierto el Registro Electoral, no se ha nombrado al nuevo CNE, no hay relegalización de partidos ni se vislumbra el retorno de los exiliados políticos. Si ni siquiera María Corina Machado puede transitar con plenas garantías, y la promesa de levantar su inhabilitación se posterga indefinidamente para después de las elecciones presidenciales, cualquier plan de recuperación no es más que papel mojado.
La libertad de Venezuela no emanará de la buena voluntad de funcionarios extranjeros. Vendrá de la mayoría ciudadana exigiendo su lugar en la conducción del destino nacional. Vendrá de nuestra diáspora –millones de talentos que acumularon experiencia fuera porque dentro les fue negada– que vuelve a ser parte activa de la nación. Vendrá de ciudadanos con derechos reales, no de inversionistas que negocian con un régimen capaz de protegerlos de la competencia, pero incapaz de garantizarles seguridad jurídica.
Cualquier hoja de ruta para Venezuela debe partir de una premisa simple: prosperidad con libertad. No son objetivos separables. No existe una economía de mercado funcional sin Estado de derecho y sin ciudadanos dueños de su propio destino.
Planificar la recuperación es un ejercicio impostergable, aun cuando desconozcamos el contexto exacto en el que deberemos actuar. Lo que sí debemos tener claro es el objetivo esencial: un país libre, donde cada venezolano recupere su condición de ciudadano y deje de ser un paria en su propia tierra. Todo lo demás –la deuda, el petróleo, el sistema eléctrico, el agro– encontrará solución solo cuando el principio de libertad esté sólidamente afianzado.
El primer paso, como vemos, no sería económico sino más bien político. La oposición seria, dando ya una muestra extraordinaria de madurez democrática, estaría dispuesta a no reclamar el triunfo que le fue arrebatado el 28 de julio de 2024, a condición de que se convoquen elecciones libres y verificables en los próximos meses.
No es una renuncia a la verdad; es una apuesta por el futuro. Significa anteponer la estabilidad del país a la reivindicación legítima de una victoria robada. Ese gesto de responsabilidad merece, como mínimo, una respuesta proporcional del régimen y el respaldo decidido de la Casa Blanca.
Sin ese primer paso político, todo plan de recuperación seguiría siendo, como diría La Lupe: «puro teatro».
Alfredo González Amaré I Economista UCV I info@inviertaenvenezuela.com
