Hay una paradoja que define a Venezuela en este momento histórico: nunca ha despertado tanto interés entre inversionistas extranjeros y, al mismo tiempo, nunca ha sido tan difícil traducir ese interés en realidad. El país que acumula las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, que posee una geografía privilegiada, una diáspora técnica de primer nivel y una clase trabajadora curtida por la adversidad, sigue siendo, para efectos prácticos, un enigma irresoluble para el capital internacional.
La pregunta que debemos hacernos con honestidad –sin triunfalismos ni catastrofismos– es esta: ¿Qué le falta a Venezuela para convertir esa atracción en inversión real, sostenida y transformadora?
De aquí al Milagro Económico
Quienes participamos en foros económicos y presentaciones ante inversionistas lo sabemos de primera mano: Venezuela genera fascinación. Incluso en los años más sombríos de la última década y media, cuando los datos macroeconómicos pintaban un cuadro desolador –hiperinflación, colapso del PIB, éxodo masivo–, siempre existía al final de cada conversación la misma reflexión: «El día que haya que reconstruir ese país, será el país de las grandes oportunidades.»
Ese día ha llegado, o al menos se asoma en el horizonte. Y, sin embargo, el capital no fluye con la velocidad que la narrativa prometía. ¿Por qué?
La respuesta no es misteriosa. El interés inversor, por intenso que sea, no sustituye a las condiciones estructurales que hacen posible la inversión. Y esas condiciones, en Venezuela, siguen siendo frágiles, incompletas o directamente inexistentes.
Los cimientos de la reinstitucionalización
El primer obstáculo –y el más determinante– es la ausencia de instituciones sólidas y creíbles. No se trata de un problema técnico menor. Es el nudo gordiano del cual se desprenden todos los demás.
Una economía moderna no funciona sin reglas del juego estables. Los inversionistas no despliegan capital en entornos donde los contratos pueden ser ignorados, donde los laudos arbitrales internacionales son papel mojado, y donde el poder judicial responde a intereses políticos antes que a la ley. Venezuela vivió en carne propia las consecuencias de ese colapso institucional: empresas petroleras extranjeras que ganaron arbitrajes internacionales tras ser expropiadas ilegalmente, y cuyas sentencias el Estado venezolano simplemente ignoró. Ese precedente no se borra con declaraciones; se borra con hechos sostenidos en el tiempo.
La separación real de poderes –no nominal, sino efectiva– es condición sine qua non. Un Poder Legislativo que legisle con coherencia técnica. Un Poder Judicial que proteja por igual al inversionista extranjero, al empresario nacional y al ciudadano de a pie. Y, de manera particularmente urgente, un Banco Central con autonomía genuina.
Este último punto merece énfasis especial. Las modificaciones a la ley del Banco Central en 2005, 2009 y años posteriores convirtieron a esa institución en una caja chica del Ejecutivo, obligada a financiar déficits fiscales sin límite ni criterio. El resultado fue predecible para cualquier economista: la hiperinflación que devastó los ahorros y el poder adquisitivo de los venezolanos entre 2018 y 2020. Millones de familias vieron evaporarse su patrimonio en semanas. Más de ocho millones de personas tomaron la decisión más dolorosa que puede tomar un ser humano: abandonar su tierra en busca de sobrevivencia.
Un banco central autónomo no es un lujo tecnocrático. Es el guardián de la estabilidad monetaria, y sin estabilidad monetaria no hay planificación económica posible, ni para el Estado ni para el sector privado.
Sin infraestructura no hay crecimiento
El segundo gran obstáculo es el estado catastrófico de los servicios públicos. Este tema suele subestimarse en los grandes foros de inversión, donde el debate gira en torno a marcos legales y tasas de retorno. Pero la realidad sobre el terreno es implacable: no hay desarrollo económico sin electricidad confiable.
Venezuela posee una de las mayores riquezas hidroeléctricas de América Latina. El Guri fue durante décadas el orgullo de la ingeniería nacional. Hoy, ese sistema –junto con la generación térmica– está al borde del colapso. Para el inversionista que quiera desarrollar el enorme potencial petrolero del país, o simplemente instalar una planta manufacturera, la intermitencia eléctrica no es una molestia menor: es un obstáculo de primer orden.
Reconstruir ese sistema–el hidroeléctrico, el térmico, y desarrollar además las energías renovables que el mundo exige y que Venezuela tiene capacidad de producir– requiere inversiones masivas. Y esas inversiones, a su vez, solo llegarán cuando existan las garantías institucionales que las protejan. Es un círculo que solo se rompe con voluntad política real y con marcos legales creíbles.
La diáspora, un activo subestimado
Cuando se discute el futuro de Venezuela, el tema de los ocho millones de emigrantes suele plantearse como una tragedia irreversible. Y lo es, en términos humanos y sociales. Pero desde una perspectiva económica, la diáspora venezolana es también un activo estratégico que el país no ha sabido — no ha querido– movilizar.
La primera ola migratoria fue predominantemente técnica y profesional: médicos, ingenieros, economistas, gerentes, científicos. Muchos de ellos, a estas alturas, tienen vidas construidas en el exterior y no regresarán físicamente. Pero eso no significa que estén desconectados de Venezuela. En la economía del siglo XXI, el talento no necesita estar presente en el mismo territorio para generar valor. Un venezolano que gestiona una empresa en Houston, que asesora un fondo de inversión en Madrid o que investiga en una universidad europea, puede ser simultáneamente un puente hacia Venezuela: llevando inversión, conocimiento, contactos y legitimidad.
La segunda ola fue diferente: venezolanos que salieron buscando sobrevivencia, que hoy viven en Colombia, Perú, Chile, Ecuador o cruzaron a Estados Unidos. Muchos de ellos, si Venezuela ofrece trabajo digno y condiciones de vida razonables, volverán. Han aprendido –a veces de la manera más dura– que las oportunidades que buscaban fuera existen en casa cuando el país funciona.
El gran desafío es crear las condiciones que hagan posible ese retorno. No con llamados patrióticos, que suenan vacíos ante quien lleva años trabajando en condiciones precarias en el exterior, sino con hechos concretos: empleos formales bien remunerados, acceso a salud y educación de calidad, y la seguridad de que las reglas del juego no cambiarán caprichosamente.
La deuda pública: el elefante en la sala
Ningún análisis serio de la economía venezolana puede eludir el tema de la deuda externa. Con un pasivo que supera los 170.000 millones de dólares, Venezuela enfrenta uno de los procesos de reestructuración soberana más complejos del mundo contemporáneo. No hay atajos ni fórmulas mágicas: es un proceso técnicamente exigente, políticamente delicado y económicamente determinante.
Sin resolver el problema de la deuda, el acceso al financiamiento internacional permanece bloqueado. Y sin ese acceso, la reconstrucción que el país necesita –en infraestructura, en salud, en educación, en energía– simplemente no puede financiarse a la escala requerida.
En paralelo, es imprescindible reintegrar a Venezuela al sistema financiero internacional. La licencia recientemente otorgada por Estados Unidos al Banco Central y a otros bancos públicos es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente y frágil: puede revertirse en cualquier momento. Lo que se necesita es el levantamiento definitivo de las sanciones al sector financiero y petrolero, y la reincorporación plena a organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Eso permitiría que la banca venezolana recupere corresponsalías en el exterior, se recapitalice y vuelva a cumplir su función básica: financiar la actividad productiva dentro del país.
La trampa del corto plazo
Hay una tensión de fondo que recorre todas las negociaciones económicas que hoy se desarrollan en torno a Venezuela, tanto en el frente petrolero como en el financiero: la contradicción entre la lógica del corto plazo –comprensible desde la perspectiva de quienes negocian contratos específicos– y las necesidades de largo plazo de un país que debe reconstruirse durante décadas.
Los países no se gestionan en trimestres. Una nación que quiere atraer inversión sostenida, desarrollar capital humano, diversificar su economía y construir instituciones sólidas necesita horizontes de planificación que van más allá de un ciclo político o de la vigencia de una licencia de sanciones. Cuando las condiciones cambian de manera impredecible –y en Venezuela esa ha sido la norma, no la excepción–, el capital huye hacia donde las reglas son estables.
La opacidad con la que se están otorgando algunos contratos petroleros es, en este sentido, una señal preocupante. La ilusión de que contratos blindados y cláusulas de garantía robustas son suficientes para asegurar la inversión a largo plazo ignora una lección que la historia venezolana ya enseñó con crudeza: ningún contrato resiste la arbitrariedad institucional cuando el Estado decide ignorarlo.
Los primeros cien días
Llevamos ya más de cien días en este nuevo ciclo político, y el balance honesto es insatisfactorio. Han ocurrido algunos cambios, sí. Pero son cambios de superficie: el típico movimiento cosmético que procura dar la apariencia de transformación sin alterar las estructuras de poder subyacentes.
Lo que Venezuela necesita no es obtener avances en lo irrelevante. Necesita poner al frente de sus instituciones fundamentales a personas idóneas: técnicos, gestores y líderes con conocimiento real de lo que administran, con autonomía genuina para tomar decisiones y con la fortaleza institucional para resistir presiones políticas. Eso no ha sucedido todavía, o ha sucedido de manera tan parcial que su impacto es imperceptible.
Cada día que pasa sin esos cambios reales es un día en que el interés inversor se enfría, la diáspora consolida sus raíces en el exterior y los venezolanos que permanecen en el país siguen esperando que las promesas se conviertan en realidad cotidiana.
La oportunidad existe, pero el tiempo es finito.
Venezuela tiene todo lo que se necesita para ser, en el mediano plazo, una de las economías más dinámicas de América Latina. El petróleo es solo el punto de partida; el verdadero potencial está en la diversificación, en el capital humano, en la geografía y en la creatividad de un pueblo que ha demostrado, en las condiciones más adversas, una resiliencia extraordinaria.
Pero las oportunidades tienen fecha de vencimiento. El capital internacional es paciente hasta cierto punto; después, migra. La diáspora está echando raíces en otros países. Los países competidores avanzan mientras Venezuela debate.
El momento es ahora. Y lo que define si ese momento se aprovecha o se desperdicia no es la riqueza del subsuelo ni el entusiasmo que se percibe en los foros económicos. Es la voluntad –real, demostrable y sostenida– de construir el entorno institucional que convierta el inmenso potencial de Venezuela en prosperidad concreta y distribuible.
Alfredo González Amaré. Economista UCV. [info@inviertaenvenezuela.com]
